La pandemia de la COVID-19 ha hecho aumentar considerablemente las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental de toda la población.
El texto, aprobado por el Consejo de Ministro tras intensas negociaciones con sindicatos y patronal, tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
Reclama al Gobierno que rescate esta medida fiscal y la incluya en otra norma legislativa de urgencia, ya que esta ventaja fiscal resulta imprescindible en estos momentos de intensificación de la pandemia.
La Confederación aboga por una valoración individualizada de cada caso, con el fin de garantizar la continuidad de esos apoyos.
Autismo España ofrece una serie de recomendaciones para favorecer el bienestar del alumnado con autismo en la vuelta a las aulas, en la que debe primar su asistencia física a los centros escolares.
Desde Autismo España nos sumamos a la reclamación del CERMI y solicitamos que se realice a las personas con TEA y los profesionales que les atienden las pruebas diagnósticas del COVID-19. Dicho coste debería ser asumido por las respectivas Administraciones.
“No ser igual a la mayoría no es un defecto, sino una forma de enriquecer a una sociedad que necesita una nueva base en perspectiva y comprensión”.
Recordamos que así lo recoge el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Respecto al transporte aéreo, un documento conjunto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades exime también del uso de mascarilla a aquellas personas que acrediten una razón médica.
Así lo refleja un informe elaborado por Autismo España, que evalúa el impacto socioeconómico del COVID-19 en las entidades de autismo.
El documento señala las acciones prioritarias para garantizar la calidad de vida de las personas con autismo, que pasan por ayudas económicas que garanticen la sostenibilidad de las entidades de autismo.
Para no poner en peligro a los más de seis millones de personas en situación de pobreza o exclusión que atienden las ONG al año.